Funcionarios del Ministerio de Trabajo y de la AFIP, junto a representantes del Sindicato de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros (Stpsrchpa) realizaron un operativo de fiscalización en la fábrica de pizzetas y panificados Malú de la localidad bonaerense de Burzaco, donde constataron que un 60 por ciento de sus trabajadores “se encontraban cumpliendo sus tareas en negro”.
Según informaron voceros gremiales, en el operativo realizado en la empresa alimenticia -que cuenta con más de 40 trabajadores- “se encontraron con que más del 60% de los trabajadores ejercían su labor en negro, mientras que el 40% restante había sido registrado recién en marzo de este año”.
Por otro lado, desde el Sindicato que conduce Luis Hlebowicz resaltaron que los empleados y las empleadas del lugar “estaban en condiciones laborales de evidente explotación” y que “los empleadores adeudan las cargas sociales de todo tipo”.
Las inspecciones del Gobierno y el sindicato del sector se realizaron en dos plantas de la Fábrica Malú, cuyo nombre fiscal es Panificadora Santa Mónica SRL.
Del operativo participaron ocho inspectores de la AFIP y cuatro del Ministerio de Trabajo, en un trabajo que relevó datos de más de 40 trabajadores.
“En estas inspecciones se registró que la antigüedad de los trabajadores y las trabajadores de estos espacios fabriles está entre dos y cinco años”, indicó el gremio a través de un comunicado de prensa.
Además, el Sindicato de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros, recibió información acerca de “amenazas de despidos que recibió el personal de fábrica para que no declaren que son trabajadores de la firma mencionada”.
Desde la organización gremial del sector alimentación sostuvieron que “al sector empresario no le pedimos más de lo que es justo”, en referencia al reclamo que llevan adelante para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector.
“Una de las principales batallas que afronta nuestro sindicato es contra la informalidad laboral. El sector empresarial, lejos de asumir que son los actores principales en este problema, intentan justificar sus acciones. Frente a las irregularidades encontradas exigimos que el empresariado no naturalice las acciones que no respetan los derechos laborales”, advirtieron desde el Stpsrchpa.
Desde la organización gremial destacaron que “en el último tiempo se intensificaron los controles en todos los lugares de trabajo de los afiliados y afiliadas, ya que además, hay empleadores que registran parcialmente a los empleados, con contratos de media jornada que ocultan una jornada completa”.
“Esto es para evadir el pago de cargas sociales en detrimento del derecho de los trabajadores. Este tipo de acciones repercuten en la calidad de vida de miles de personas, ya que desfinancian el sistema solidario de salud y dificultan el acceso a un salario digno”, remarcaron finalmente.
