A través de un comunicado de la Ministra Kelly Olmos, la cartera laboral, expresó públicamente su rechazo a la promulgación de normas provinciales que “atentan contra el derecho a huelga y libre expresión de los trabajadores”.
En la misiva, el Ministerio de Trabajo, manifiesta su preocupación porque se han aprobado normativas (como la Ley N° 8376, conocida como “LEY DE CONVIVENCIA SOCIAL”, en la provincia de Salta, promulgada el 1 de junio de 2023) que, bajo la apariencia de derechos conciliares de diversas índoles, en realidad presentan importantes discrepancias con la legislación nacional e internacional en materia de derecho de huelga.
“Aspectos como la imposición de nuevos servicios esenciales, la prohibición de ciertas medidas o la autorización de las fuerzas de seguridad para interrumpir protestas en curso, no resisten un análisis constitucional”, alertó el gobierno nacional.
Datalló que de manera más reciente, en la provincia de Jujuy se ha emitido el Decreto 8464, que modifica una ley provincial y, bajo la excusa de garantizar el libre tránsito y circulación, prohíbe y penaliza la manifestación de los trabajadores, vulnerando la libertad sindical y recurrente al empleo de la policía y la intervención del sistema judicial penal para criminalizar y reprimir la protesta.
Recuerdo el ministerio que tanto la Constitución Nacional en su artículo 14 bis como los tratados internacionales ratificados por nuestro país, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o la Convención Americana de Derechos Humanos, especialmente interpretada en la Opinión Consultiva 27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y los convenios vigentes de la Organización Internacional del Trabajo, en particular el Convenio 87 sobre Libertad Sindical, no permiten la promulgación de normas como las mencionadas.
“Es un deber ineludible de este ministerio advertir sobre este asunto y urgir a la derogación de estas disposiciones normativas inconstitucionales que no aportarán ningún avance a nuestra sociedad y que exponen al Estado Nacional a consecuencias negativas en el ámbito internacional, donde ya se ha tomado conocimiento de esta situación preocupante”, concluyó.
