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DISCAPACIDAD EN EMERGENCIA: UNA LLAMADA DE ALERTA A LA CIUDADANÍA

En respuesta a los graves acontecimientos que desestiman la Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad y sus derechos, un grupo de personas con discapacidad, sus familiares, trabajadores y prestadores han decidido alzar la voz a través de esta carta abierta. La misiva, dirigida a los Diputados y Senadores del Honorable Congreso de la Nación, busca concientizar sobre la situación crítica que enfrenta el colectivo de discapacidad en la actualidad.

Los firmantes expresan su inquietud y urgencia ante la vulneración de derechos fundamentales consagrados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, una normativa con rango constitucional gracias a la ley 27044. Se destaca la obligación del Estado Argentino de cumplir con los compromisos establecidos en dicha Convención.

La carta señala el impacto directo de la crisis económica y social en las condiciones de vida de las personas con discapacidad, haciendo hincapié en la reciente profundización de la crisis. La dificultad en el acceso a prestaciones básicas, apoyos necesarios para la autonomía, traslados y medicamentos es evidente, sin que se haya implementado ninguna política pública para abordar y revertir esta situación.

De manera preocupante, se denuncia el desfinanciamiento del Programa Federal Incluir Salud por parte del gobierno, afectando a más de 500 mil personas con discapacidad en la asistencia estatal para obtener medicamentos, traslados, diálisis, oxígeno y otros servicios fundamentales.

La carta también aborda el debate en el Congreso sobre el DNU 70/23 y la llamada “Ley Ómnibus”. Se critica su inconstitucionalidad y su impacto negativo en la democracia y la participación ciudadana. Se alerta sobre la instrumentación de protocolos represivos por parte del Ministerio de Seguridad de Nación, limitando el derecho a la protesta consagrado en la Constitución Nacional.

En relación al DNU 70/23, se destaca su afectación directa a las pensiones no contributivas de las personas con discapacidad, al establecer “la emergencia en materia previsional”. La carta argumenta que esta medida deja el monto de las pensiones no contributivas a la discrecionalidad de la Administración.

Además, se critica la desregulación en materia de empresas de medicina prepaga, que impacta negativamente en la afiliación de personas con discapacidad y en los aranceles por servicios prestados.

La “Ley Ómnibus” es duramente cuestionada por el saqueo propuesto al transferir los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro Nacional. La carta destaca la afectación a la Ley N° 26657 sobre Salud Mental, retrocediendo en conquistas históricas y eliminando obligaciones fundamentales.

Se denuncia la disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), clave para la prevención de la discriminación, y se expresan firmes objeciones a la Resolución 2.484/23 de la Superintendencia de Servicios de Salud, que establece un intrusivo sistema de geolocalización.

En conclusión, la carta insta a los legisladores a considerar la situación de las personas con discapacidad al abordar estos temas y a oponerse al DNU 70/23 y la Ley Ómnibus. Asimismo, solicita impulsar políticas públicas necesarias para garantizar los derechos fundamentales de este colectivo en situación de emergencia.

https://forms.gle/JJLKTRgtNxqVuv2n9

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