En relación a la crisis social que atraviesa el Gobierno de Gerardo Morales en Jujuy y la represión sufrida por las comunidades indígenas de la provincia, el abogado Carlos Alemán sostiene que la reforma implementada presenta más perjuicios que beneficios y considera fundamental que se divulgue el texto completo , sin seleccionar solo aquellos aspectos que el gobierno quiera resaltar.
En primer lugar, Alemán señala que esta reforma deja sin acceso a agua y tierras a las comunidades originarias, al suprimir la prescripción adquisitiva y establecer requisitos onerosos para reconocerles la propiedad sobre sus territorios. Esta medida afecta principalmente a personas humildes que luchan por preservar sus derechos ancestrales.
El abogado también critica la falta de consulta popular previa para avanzar con esta reforma. Considere que el consentimiento del pueblo debería haber tenido en cuenta antes de tomar cualquier decisión que afecte a la comunidad en su conjunto.
Además, destaca que el gobierno incumplió el plazo de tres meses que tenía para sesionar y aceleró el proceso en tan solo 32 días, impidiendo un debate exhaustivo y negando la transmisión de los debates en comisión. Esta falta de transparencia en el proceso de aprobación de la reforma genera dudas sobre la legitimidad de la misma.
Alemán critica también los cambios realizados sobre los artículos a reformar durante el proceso. En un principio, se afirmó que solo se reformarían los artículos cuestionados, pero luego se impusieron otros puntos bajo la justificación de que la convención era soberana y podía tratar cualquier tema. Uno de estos cambios implicaba la supresión de las elecciones intermedias cada 2 años, lo que, según el abogado, busca prolongar el mandato del gobernador a 4 años y el presidente la participación democrática de los ciudadanos jujeños.
El abogado acusa a Gerardo Morales de haber engañado al electorado al mostrar como cabeza de lista de convencionales, para luego solicitar licencia como gobernador y, al día siguiente, pedir una segunda licencia para dejar de ser convencional y continuar ejerciendo como gobernador. Estas licencias administrativas son consideradas nulas y sancionables. Alemán opina que se debería aprovechar la reforma para prohibir esta práctica de engaño al electorado.
Otra crítica hacia la reforma es su disolución del Tribunal de Cuentas, un organismo reconocido y autónomo encargado de controlar y sancionar a los funcionarios públicos. En su lugar, se establecerá una auditoría que solo realizará informes que serán remitidos al gobernador, y los miembros de esta auditoría serán designados por el gobernador de turno. Alemán considera que esta medida pone en peligro la transparencia y el control adecuado sobre los recursos públicos.
En cuanto al proceso de reforma en sí, el abogado señala que se llevó a cabo de manera acelerada e inconsensuada. Mientras que la reforma de 1986 contó con la participación de más de 15 partidos políticos, en esta ocasión solo se contó con la participación de 3.
