PREOCUPA LA SITUACIÓN DE LOS 800 TRABAJADORES DE DRAGADO Y BALIZAMIENTO DEL RÍO PRARANÁ

Pasarían a depender de la Administración de Puertos hasta que se concesione el servicio. Schmid amenaza con un paro si no hay respuestas. El miércoles 25 hay una audiencia en Trabajo.

El Ministerio de Trabajo de la Nación convocó hoy a una audiencia para el próximo miércoles 25 de agosto ante la indefinición de la situación laboral de los 800 trabajadores de dragado y balizamiento nucleados en el Sindicato que conduce Juan Carlos Schmid.

La situación es tan delicada que el propio Schmid advirtió que si en el encuentro de la semana que viene no se resuelve definitivamente el tema habrá un paro en todo el país. "Necesitamos respuestas concretas sobre el traspaso y la estabilidad de los compañeros", apuntó el gremialista.

En la audiencia participarán, además del Sindicato de Dragado y Balizamiento, directivos de la Administración General de Puertos (AGP). Actualmente los 800 trabajadores son empleados de la empresa belga Jan de Nul a la se le finaliza la concesión de la hidrovía el 13 de septiembre.

LPO pudo saber con diversas fuentes que una de las soluciones que evalúan en el Ministerio de Trabajo es que los empleados pasen a formar parte de la AGP hasta que se concesione nuevamente a otra empresa los servicios de dragado y balizamiento sobre los 1300 kilómetros del río Paraná.

"Las idas y vueltas relacionadas con esta definición hacen que los trabajadores de la empresa, representados por nuestro Sindicato, sean sometidos a la falta de certezas sobre su relación laboral. Aún nadie nos manifestó cómo será la nueva etapa", señaló Schmid visiblemente molesto.

En marzo pasado se firmó un acta en el que el Estado se comprometió a garantizar las fuentes de trabajo de la hidrovía. La idea sería que los empleados, repartidos en varias delegaciones en todo el país, formen parte de las empresas que ganen las licitaciones de los diversos tramos.

El tema es que en el Gobierno aún hay sectores vinculados al kirchnerismo que impulsan la estatización total del servicio. En la AGP se oponen a esta idea ya que no cuentan con la tecnología ni el equipamiento necesario para poder dragar la vía navegable y garantizar el tránsito de barcazas.

De hecho, a mediados de septiembre próximo, cuando finalice la concesión de Jan de Nul, la AGP se tendrá que hacer cargo del cobro del peaje que consiste en 3 dólares por tonelada transportada. Para esto se requiere de un sistema pago que aún se desconoce de qué manera se implementará.

"La situación tiende a empeorar debido a la bajante extraordinaria del nivel de las aguas del río Paraná y, según los estudios y pronósticos, se agravará en las próximas semanas. Esto hace que no se pueda interrumpir ni un día los trabajos de dragado y balizamiento", explicó Schmid.

En este contexto, en el campo creen que el Gobierno en realidad tiene planeado concederle a una empresa estatal China la concesión de la hidrovía una vez que la AGP se retire del asunto después de 12 meses (se trata de un negocio de más de 300 millones de dólares por año).

Los productores agropecuarios temen que la salida de Jan de Nul termine impactando en los costos de exportación ya que la AGP necesitará hacerse de recursos frescos para el mantenimiento de la hidrovía en medio de la bajante más importante de la historia del río Paraná.

Esta eventual suba de costos en las exportaciones agroindustriales se trasladaría de inmediato al precio directo que reciben los productores, a los cuales ya se les descuentan las retenciones y el resto de la carga impositiva que corren por su propia cuenta.

ƒ